Entre el negacionismo y la responsabilidad social

En 2024 se registraron en Uruguay casi 9.000 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. La mayoría de los agresores pertenecen al núcleo familiar directo. También se contabilizaron 4 muertes por violencia vicaria.

Las cifras son claras. Pero el negacionismo también lo es.

Hablemos de datos

• En 2024, el SIPIAV registró 8.924 situaciones de violencia contra niñas, niños y

  adolescentes —es decir, 24 casos por día.

• El 56 % de las víctimas fueron mujeres y el 90 % de los agresores pertenecen al núcleo familiar directo.

• Se registraron 4 muertes por violencia vicaria en ese año.

• Las Encuestas Nacionales de Prevalencia muestran que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de género.

• Entre 2013 y 2019, la violencia sexual contra mujeres creció del 36,5 % al 44,8 %.

Pese a que las cifras son contundentes y muestran la magnitud de la violencia, el negacionismo abunda y se multiplica en la opinión pública. Cada hecho de violencia que se cobra una vida parece sorprendernos, cuando en realidad los datos están a la vista.

Pero, aun así, preferimos negarlos y no actuar en consecuencia. Y mientras tanto, más mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren la violencia en silencio, ante la mirada cómplice del sistema.

Negacionismo amplificado

El negacionismo no surge de la nada. Se alimenta de discursos de abogados y abogadas, de denunciados y de legisladores que, sin evidencia científica ni datos verificables, instalan relatos cargados de prejuicios.

Mensajes sin sustento fáctico ni técnico se repiten en la calle como verdades y son luego masificados por los medios de comunicación, que los difunden sin contrastarlos con la evidencia.

Así se consolidan expresiones como:

“La mayoría de las denuncias son falsas”, “Las mujeres son despechadas”, “Hijos huérfanos de padres vivos”.

Esta última expresión busca deslegitimar las medidas cautelares de protección que apartan al agresor del hogar o restringen el contacto, presentándolas como una injusticia contra los padres. En realidad, esas medidas existen para proteger la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El círculo es claro: mensajes sin evidencia científica ni datos verificables → repetidos en la calle → amplificados por los medios. El resultado: un negacionismo que se instala como “sentido común”.

Un Código modificado por prejuicios

Los mismos que detractan la Ley 19.580 fueron quienes impulsaron la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA). Y lo hicieron en contra de los informes de todas las organizaciones que trabajan con infancia. Estas organizaciones fueron claras: la modificación “pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.

Supone incumplir la responsabilidad del Estado de proteger y garantizar derechos fundamentales, como el de vivir una vida libre de violencia.Incluso se instrumentalizó mediante mujeres legisladoras como voceras para darle un discurso legitimante a una reforma regresiva.

El nuevo articulado vulnera el interés superior del niño porque fuerza revinculaciones y visitas con personas violentas, omite la obligación estatal de garantizar la protección frente a toda forma de violencia. Con ello, se quebró el principio rector de la protección integral: los daños que sufren niñas, niños y adolescentes en estas condiciones son irreparables. Las consecuencias están presentes, las modificaciones regresivas evidenciaron que el derecho de visitas con la persona denunciada puede derivar en consecuencias irreparables.

Al mismo tiempo, los medios que amplifican el negacionismo exhiben con morbo la identidad y la historia de las víctimas. Las convierten en titulares, reducen su sufrimiento a un caso policial y olvidan que detrás hay vidas quebradas, derechos vulnerados y una clara responsabilidad estatal y social.

La paradoja es brutal, porque se duda de las denuncias y en consecuencia de los hechos, pero se comercializa con el dolor de las víctimas.

Revictimización en unidades especializadas y juzgados

Las unidades especializadas, primer lugar de referencia ante un riesgo inminente, pueden convertirse en una de las primeras frustraciones de las víctimas.

Frases como:

“No entiendo qué querés denunciar”.

“Todavía no lo superaste”.

"Eso acá no se denuncia”.

En lugar de amparo, la víctima encuentra desconfianza, vergüenza y minimización. Esa impotencia viaja con ella a los juzgados, donde el ciclo se repite: preguntas culpabilizadoras, relativización de la violencia no física, procesos interminables y relatos repetidos una y otra vez.El resultado est á a la vista: miedo, frustración y desmotivación para denunciar.

El interior olvidado

En Montevideo existen más recursos (aunque insuficientes). En el interior, en cambio escasean los centros especializados, el multiempleo y precarización en los equipos técnicos es una constante y los costos y distancias vuelven la denuncia un calvario.

La desigualdad territorial también es una forma de violencia institucional.

El doble estándar sostiene el negacionismo

Mientras se desacredita a víctimas, a las técnicas que sostienen la atención y de forma despectiva a las abogadas que trabajan con las victimas las “llaman estas feministas”, jamás se cuestiona al denunciado ni a sus defensores, quienes se presentan como garantes del debido proceso.

En realidad, al denunciado y a sus defensores nadie los interpela: se arrogan el rol de “garantistas”, aunque sus discursos sirvan para sostener privilegios y no para asegurar justicia.

Persisten mantras de “inconstitucionalidad”, “falta de garantías” o “ausencia de debido proceso” —ya desestimados por la Suprema Corte—, mientras se silencian las faltas de garantías reales para las víctimas: negativas a tomar denuncias, malos tratos, dilaciones, revinculaciones forzadas y medidas cautelares ineficaces.

Al final, no sabemos si lo que buscan son modificaciones legislativas o, simplemente, silenciar la voz de las mujeres.

De qué deberíamos estar hablando

• No de mitos, sino de política pública real:

• Presupuesto y recursos para cumplir la legislación vigente.

• Estabilidad laboral y dotación suficiente de equipos técnicos.

• Supervisión en la instrumentación de protocolos en la atención a VBGG y NNA

• Acceso equitativo a servicios en todo el país.

• Formación continua con enfoque de género e infancia.

• Medios responsables, que informen con datos y no con prejuicios.

Porque mientras se amplifica a quienes niegan, no se reclama lo esencial: presupuesto y compromiso político.

María Victoria Vollono

Abogada y escribana con más de 15 años de trayectoria, especializada en derecho civil, comercial, laboral y de empresa, con enfoque en género y prevención de violencia. Brinda asesoría legal a empresas e instituciones públicas y privadas en Montevideo y Maldonado. Es docente universitaria, diplomada en Responsabilidad Civil, Legal Project Management y violencia basada en género y generaciones. Se destaca por su mirada ética y humana en la resolución de conflictos y el diseño de estrategias legales con perspectiva de derechos.